LECTURA OBLIGATORIA
El crecimiento del gasto público a niveles extraordinariamente altos e inéditos en la Argentina está siendo disimulado por una exposición de las cuentas fiscales que habla de superávit y de holguras que en realidad no existen.
Las transferencias al Tesoro del Banco Central o el empleo de los fondos de la Anses, que debieran mostrarse como fondos que financian el déficit, son oficialmente computados como recursos corrientes y genuinos a la par de los tributarios, arriba de la línea. Además, hay un cúmulo de gastos devengados que no son registrados, aunque haya sobre ellos obligación legal o judicial de pagar.
Se está logrando así mostrar un superávit primario que en rigor no es tal. Pero el artificio sirve para distender ansiedades y distraer sobre la diarrea del gasto, que no se detiene.
El gasto público consolidado de la Nación y el conjunto de provincias ha crecido en los últimos siete años a un ritmo mucho mayor que el de la economía. En 2002 alcanzaba al 31 por ciento del producto bruto nacional, mientras que en 2009 llegó al 41 por ciento. El promedio histórico de los 20 años anteriores había sido del 30. Tres cuartas partes de este aumento se deben a los gobiernos provinciales, que en grado creciente, 20 de 24, hoy muestran déficit. Trece provincias han necesitado en 2010 reestructurar su deuda con el gobierno nacional.
El crecimiento del gasto tiene tres causas principales: el aumento notable del empleo público; la multiplicación de los subsidios para compensar congelamientos de tarifas y precios, y el aumento notable del número de jubilados a cargo del Estado.
Entre 2003 y 2010 el número de empleados públicos creció en casi un millón de personas, un 45 por ciento. No es nuevo empleo productivo ni dedicado a tareas sociales esenciales. No se atienden más funciones ni se prestan servicios de mayor calidad. No hay más policías en la calle que nos protejan mejor, ni más enfermeras que nos atiendan, ni más y mejores maestros que hayan aumentado la calidad educativa.
Los subsidios superarán este año los 40.000 millones de pesos y no necesariamente se han dirigido a los más necesitados. El gas de redes domiciliarias, fuertemente subvencionado frente a la costosa garrafa que deben usar los más pobres, es un ejemplo patético. Por otro lado, tanto los subsidios como la obra pública están encarecidos por la corrupción.
En la Argentina, el Estado gasta mucho y gasta mal. El actual nivel de gasto no es financiable genuinamente y lo será menos cuando deban reducirse las retenciones y suprimirse los impuestos distorsivos. Es imprescindible no sólo detener la diarrea, sino también trabajar urgentemente en las reformas de fondo sobre el aparato estatal para gastar menos y mejor. Nada de esto surge de la lectura del proyecto de presupuesto para 2011 enviado al Congreso Nacional, que proyecta un nuevo aumento de la presión tributaria.
©La Nacion
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